«Ningún contrato social es viable si la desigualdad sigue creciendo»

A continuación, reproducimos un ejercicio de aplicación de los contenidos de la Diplomatura Superior en Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas (FLACSO), realizado por Juan Marino. Dicho ejercicio consistía en la simulación de una entrevista, donde el autor debía jugar el rol tanto de entrevistado como de entrevistador. La introducción previa a la primera pregunta fue aportada por FLACSO; el título y el contenido (a partir de la primera pregunta inclusive) corresponden al autor.

“Ningún contrato social es viable si la desigualdad sigue creciendo”

La pandemia del COVID-19 irrumpió con fuerza en América Latina. Aquello que por enero o febrero lucía como una infección de países lejanos para nosotros, en apenas algunas semanas se transformó en un fenómeno mundial, con resultados dolorosos no solamente en cantidad de víctimas sino en el número de personas que diariamente afrontan las consecuencias económicas de la crisis.

Eso, sin lugar a dudas, interpela la capacidad del estado en dar respuestas, pero no todos los países han actuado de la misma manera. En general, la gran mayoría ha destinado enorme cantidad de recursos para sortear la crisis, pero también se han verificado algunas inconsistencias en la gestión pública para dar respuestas rápidas y efectivas, al tiempo que los Estados dejan expuestas también sus (in)capacidades para tratar de contener a los más desfavorecidos.

La Revista Estado y Políticas Públicas de FLACSO Argentina dialogó sobre estos y otros temas con el especialista Juan Marino, que tiene una especialización en desigualdades y políticas públicas distributivas, a quien le consultamos sobre cómo el Coronavirus impacta en temas como sistemas de salud, políticas de género, políticas de seguridad social a la infancia, alfabetización digital, entre otros.

FLACSO: La pandemia nos ha permitido atestiguar fenómenos sorprendentes, como por ejemplo el hecho de que el dueño de Twitter haya aportado un tercio de su fortuna para financiar la lucha contra el Coronavirus, o la carta de 85 multimillonarias y multimillonarios de EEUU pidiendo que les suban los impuestos. ¿Cómo interpretar esta situación y cómo la vinculás a la reciente aprobación del aporte extraordinario de las grandes fortunas en la Cámara de Diputados en Argentina?

Juan Marino: Por un lado, creo que expresa la comprensión, por parte de un sector del propio imperialismo, de que el capitalismo tal cual venía funcionando ya no es viable y que los crecientes niveles de desigualdad social en el mundo ya no son sostenibles. No es la primera vez en la historia que, ante crisis de magnitud, sectores de las clases dominantes adoptan posiciones de tinte socialista para garantizar la supervivencia de su propio régimen social. Por otra parte, soy de la opinión de que esta discusión, que ha tenido su mayor expresión política en las elecciones de Estados Unidos, abre una oportunidad a escala global para salir de la pandemia con un mundo más justo, más solidario y más equitativo. Comienza a primar una idea clara acerca de que ningún contrato social es viable si la desigualdad sigue creciendo. Es sobre la base de reconocer este debate subyacente y su profundidad que se entiende la importancia del aporte extraordinario de las grandes fortunas. Y quiero decir que son sobre todo las personas más ricas de Argentina las que deberían entender que es conveniente para ellas respaldar y pagar el aporte extraordinario, no solamente para formar parte de este esfuerzo para construir un mundo más justo, sino también con el objetivo de permitir que sea viable la convivencia en sociedad entre los distintos sectores sociales.

F: El aporte es justamente extraordinario y, por lo tanto, por única vez. ¿No considerás que es una medida insuficiente, y que se debería avanzar en una reforma tributaria integral, que establezca que quienes tienen más, paguen más?

JM: No creo que sea insuficiente en la medida en que va a permitir recaudar $ 300 mil millones, que serán destinados a morigerar los efectos de la pandemia, ampliado las becas PROGRESAR, urbanizando los barrios, comprando insumos sanitarios, incluyendo las vacunas, respaldando a las PyMES y desarrollando la producción de gas. Sí creo necesario valorar la posición del gobierno nacional, expresada nuevamente de forma reciente por la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, acerca de la necesidad de avanzar hacia un sistema tributario más progresivo, que reduzca los niveles de desigualdad imperantes en Argentina. Como ella misma destacó en una conversación que mantuvo con ustedes, la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva fue un primer paso en ese sentido, y es necesario avanzar aún más. Hay países que ya lo están haciendo. El gobierno del Estado Español envió un proyecto de presupuesto que aumenta el impuesto a quienes tienen fortunas por más de 10 millones de euros. Biden planteó que les va a subir los impuestos a quienes ganan más de 400 mil dólares por año. Argentina tiene que estar a la altura de la situación y avanzar en ese sentido.

F: Mencionaste la urbanización de los barrios populares. Durante la pandemia, cobraron importante relevancia mediática las tomas de tierras, especialmente en la Provincia de Buenos Aires, y se puso nuevamente en agenda la cuestión del acceso al derecho a la vivienda. ¿Considerás que tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial están dando una respuesta adecuada ante esta situación?

JM: Tengo dos tipos de respuestas a tu pregunta sobre este punto. Una es como especialista en desigualdades y políticas públicas distributivas. En esa respuesta, te digo que la problemática habitacional es una deuda pendiente que venimos arrastrando desde hace décadas. Entre 1970 y 2000, la población urbana de América Latina y el Caribe aumentó en un 240%. En Argentina, el 32% de las familias habitan en viviendas de mala calidad. Todo esto ha llevado a la elaboración de la Nueva Agenda Urbana, que plantea una serie de políticas públicas a adoptar durante las próximas décadas para buscar solucionar este déficit. En ese sentido, creo que es importante valorar, por un lado, la decisión del gobierno nacional de crear el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que hasta el momento no existía y que se tuvo que poner de pie luego de la crisis macrista, que liquidó las políticas habitacionales, y en el marco de la crisis de la pandemia. Con esos límites, hay una decisión de avanzar en una respuesta al problema. Y, por otro lado, debe ser destacada la decisión del gobierno de la Provincia de Buenos Aires de reorganizar su estructura orgánica creando la Unidad de Tierra y Vivienda, designando un presupuesto de $ 190 mil millones para el actual mandato, resolviendo elaborar un registro de las tierras disponibles y de la demanda existente, y estipulado 85 mil lotes con servicios, 33 mil nuevas viviendas, 9 mil viviendas a finalizar, que habían quedado paralizadas por el gobierno anterior, y otro tipo de soluciones habitacionales de emergencia. Este Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat reconoce que falta una política de suelo, y plantea un principio de solución.

Naturalmente, se trata de un problema que lleva décadas, y que no se va a solucionar en un sólo mandato gubernamental. Lo importante es reconocer que se está planteando un paso en el sentido de comenzar a dar esa solución, y que el conjunto de la sociedad tiene que colaborar para que esto se transforme en una política de Estado que trascienda cada gobierno, de la que participen también las organizaciones populares. Y en este punto, te respondo no sólo como especialista sino también como militante y como integrante del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. La respuesta en Guernica, firmando actas acuerdo con 925 familias y garantizandoles soluciones habitacionales de emergencia hasta que se les asignen los lotes con servicios, así como también la urbanización en marca en Los Hornos, La Plata, en una toma incluso más grande que la de Guernica, o la relocalización de las 128 familias de la toma de La Bibiana, en Moreno, al barrio Los Manantiales, son todas respuestas inéditas a las tomas de tierras, que yo no había visto a lo largo de mi experiencia militante. En el caso de Guernica, incluso, incorporando cooperativas de trabajo y promoviendo que las personas que firman el acta con el gobierno puedan acceder a cursos de formación profesional y capacitación laboral. Creo que, como corresponde, un gobierno responde, antes que nada, con hechos, y que todos estos hechos permiten inspirar confianza en que efectivamente el Frente de Todos tiene el compromiso de avanzar en la Nueva Agenda Urbana.

FLACSO: Es indudable que el gobierno ha destinado una importante cantidad de recursos para quienes menos tienen, no sólo en el terreno habitacional que recién mencionábas, sino también en términos de asistencia alimentaria y sanitaria. Ahora bien, el gobierno ha sido criticado por algunos sectores por su decisión de discontinuar el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), lo cual a su vez ha abierto nuevamente el debate sobre la naturaleza de las transferencias de ingresos hacia la población y cuáles tienen que ser su formato y sus objetivos. ¿Cómo ves todo este debate?

JM: Por un lado, dejame decirte que creo que es importante reconocer que, así como estamos atestiguando el comienzo de la reactivación económica, también es cierto que esa reactivación no impacta de forma mecánica, automática e inmediata en la situación social. La crisis social generada por la pandemia aún persiste. Sobre esa base, soy de la opinión de que, teniendo en cuenta esta situación extraordinaria de emergencia, la continuidad del IFE hubiese sido apropiada durante diciembre. Más aún teniendo en cuenta la importancia que tiene para las familias en Argentina la Navidad y el Año Nuevo. Habiendo dicho esto, sí quiero reconocer, valorar y destacar la decisión del gobierno nacional de, en diciembre, duplicar el pago de la Tarjeta Alimentar, pagar un bono de $9400 a las compañeras y compañeros del Potenciar Trabajo, garantizar el pago promedio de $12000 del monto que se retiene durante el año en todas las cuentas de la Asignación Universal por Hijo, aumentar la asistencia alimentaria, y garantizar la distribución de cajas navideñas.

Sobre esta base, creo que es importante reconocer, por un lado, cuál es el planteo del gobierno en materia de políticas de derecho a la seguridad social a la infancia, así como también de ingresos de los sectores populares, no en pandemia sino en la salida de la pandemia, que ya se vislumbra con la inminente llegada de la vacuna. En términos de los derechos de las infancias, debe ser destacada la incorporación de 1 millón de nuevas y nuevos niñas y niños a la AUH y, como decisión política a reivindicar, el envío del proyecto de ley, junto a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, de los 1000 días, para proteger el derecho a la maternidad y los derechos de las infancias. El pago indiscriminado del monto retenido durante el año, en el caso de la AUH, pone de manifiesto la necesidad de eliminar condicionalidades y garantizar algún tipo de piso de ingresos a las familias más humildes. La Tarjeta Alimentar se inscribe en la misma lógica de transferencia de ingresos no condicionadas, para garantizar el derecho a comer. La AUH directamente depende de ANSES, y la Tarjeta Alimentar se lleva a cabo en colaboración entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y ANSES, lo que verifica la necesidad de recurrir al principal organismo de la seguridad social del país para poder garantizar este derecho. Pensá que antes de la AUH, teníamos un 35% de niñxs que tenían asignaciones familiares contributivas, y gracias a la AUH pasamos al 85% en 2015, lo que habla de un volumen enorme, ejemplo para toda la región.

Por otra parte, tenemos el Potenciar Trabajo y el Potenciar Inclusión Joven, dos programas sociales asociados a iniciativas laborales y a formación educativa. Es decir, programas de transferencias condicionadas pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, más focalizado, de un universo mucho menor a la AUH, que hoy en día abarca a alrededor de medio millón de personas. El Potenciar Trabajo tiene como objetivo, como su propio nombre lo indica, promover y potenciar el trabajo que ya desarrollan numerosas cooperativas en todo el país, textiles, de la construcción, de la alimentación, del reciclado, así como también la economía del cuidado. El Potenciar Trabajo se desarrolla a través de unidades de gestión, que son organizadas tanto por organizaciones sociales como por gobiernos provinciales y municipales.

Habiendo dejado en claro de dónde partimos, creo que tenemos que avanzar hacia la formulación e implementación de un ingreso que responda a la lógica de un seguro para las y los desocupados, y que se oriente hacia su reinserción en el mercado formal de trabajo, como un mecanismo transicional en ese sentido. Hay que entender que trabajo sobra en Argentina. Hay mucho trabajo socialmente necesario no reconocido por el mercado. Ese trabajo debe ser reconocido por el Estado. Hay muchas personas que están desocupadas, fuera del mercado laboral formal, pero que desarrollan tareas comunitarias positivas para sus barrios y para sus comunidades. El Estado debe tener un registro de todas las personas en condiciones de trabajar, estén ocupadas o desocupadas. Cuando quedan desocupadas, comienzan a cobrar el ingreso y a formar parte de los programas gubernamentales destinados a potenciar y organizar su trabajo no formal, en simultáneo con el acompañamiento y todas las medidas necesarias para que vuelva a conseguir un trabajo formal. Esto permitiría universalizar la asistencia a las personas en situación de desocupación, reconocer las tareas comunitarias socialmente necesarias, y promover la inserción laboral. Me parece importante promover este debate entre los distintos estamentos del gobierno, entre las organizaciones sociales, y en el mundo académico.

F: Es interesante lo que planteás. ¿No se contrapone con los motivos que llevaron al gobierno a discontinuar el IFE, es decir, a las restricciones económicas y financieras que atraviesa Argentina? Y, en ese sentido, ¿considerás posible que se modifique la situación económica y que se generen mejores condiciones financieras para avanzar en ese sentido?

JM: En respuesta a la primera pregunta, creo que las restricciones financieras puede ser que impidan que se aplique a una escala generalizada, pero no tienen por qué impedir que se adopte el criterio y se mejore el abordaje de las políticas de ingresos de los sectores populares, especialmente de aquellos que no tienen trabajo en el mercado formal. La aplicación del criterio permitiría verificar su viabilidad y sus resultados, y ya generar las condiciones para generalizarlo cuando el contexto económico lo permita.

En respuesta a la segunda pregunta, creo que hay un factor fundamental que va a determinar que 2021 no sea un año tan malo en el terreno económico y financiero, en comparación con 2020. Este factor es muy sencillo. La caída a nivel mundial fue tan grande durante 2020, a niveles nunca antes vistos, que es prácticamente inevitable que ocurra un rebote hacia arriba durante 2021. Eso, indefectiblemente, va a incluir a la Argentina.

Ahora bien, me parece que hay que tener una política consciente, sobre todas las cosas, para tratar de revertir el déficit de ingreso de divisas que tiene nuestro país, que es la principal restricción que tenemos hoy en día en términos económicos. Y ahí es donde pienso que juega un rol importante la Cooperación Sur – Sur. Como dirían Lenin, Trotsky y Perón, lo determinante es la política internacional. En este punto, creo que hay que ponderar que, dentro de América Latina, hay un nuevo cambio de la situación política, con el triunfo de Arce en Bolivia y el triunfo del sí en el plebiscito en Chile. A esas dos elecciones hay que sumarles las elecciones regionales de Brasil, donde perdieron los candidatos de Bolsonaro. Una modificación en el escenario político latinoamericano, que abra la puerta a un nuevo sistema de alianzas entre Estados, puede generar mejores condiciones para el desempeño comercial de nuestro país.

Por otra parte, considero que la derrota de Trump en Estados Unidos expresa, entre muchas otras cosas, un repudio del propio pueblo estadounidense hacia la política fascista, golpista y agresiva de Donald Trump en el terreno internacional. Es probable que esa derrota permita, al menos temporalmente, mejores condiciones para desarrollar vínculos no sólo dentro de América Latina, sino hacia todos los países del sur global, sobre todo China. La adhesión de Argentina a la Nueva Ruta de la Seda, anunciada recientemente por la Cancillería, es un paso en ese sentido.

F: Para finalizar la entrevista, y para problematizar lo que decías recién, señalarte que muchas veces las mejoras en el desempeño comercial de un país a nivel internacional, el aumento de sus exportaciones, e incluso su crecimiento económico, no derivan en una reducción de la pobreza ni en una disminución de la desigualdad. Chile es un claro ejemplo de eso. ¿Por qué Argentina sería diferente?

JM: Creo que en nuestro caso va a ser diferente por el hecho de que las orientaciones de los gobiernos de Chile y Argentina son completamente distintas. El levantamiento del pueblo chileno le arrancó a Piñera el plebiscito luego de una intensa lucha, movilizaciones, represiones. En Argentina, por el contrario, el Frente de Todos incluye dentro de su seno a quienes vienen movilizándose y luchando contra la pobreza y contra la desigualdad. Por eso tuvimos una caravana de las militancias el 17 de noviembre convocada por el Frente de Todos, y un gobierno que toma la agenda de esas militancias, como el aporte extraordinario, la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley de Fuego, la Ley Yolanda, entre otras iniciativas políticas y legislativas.

Me parece importante, igualmente, destacar la distinción que hacés entre pobreza y desigualdad. Una cosa es luchar contra la pobreza, y para eso están la AUH, el Potenciar Trabajo, la Tarjeta Alimentar, y todas las políticas mencionadas más arriba. Otra cosa es la desigualdad. El elemento fundamental que desató la pueblada en Chile fue que el pueblo no aguantaba más que el crecimiento económico se repartiera de forma tan desigual. Y volvemos al principio. No hay contrato social que aguante si la desigualdad sigue creciendo. El aporte extraordinario es un paso importante en la lucha por un país y un mundo más igualitario. Y creo que ese es el camino que tenemos que seguir recorriendo hacia adelante.

F: Muchas gracias por la entrevista, y esperamos que podamos repetirla en otra oportunidad.

JM: Muchas gracias a ustedes.